Por: Ona Albert Porta @lacomareig
Cuando me planteo este tipo de reflexiones siempre acabo en un callejón sin salida. O, más bien, una salida incómoda. En este caso observo que estos dos conceptos se retroalimentan, es decir, uno da vida al otro.
Otra cuestión que me planteo frente a estos debates internos está relacionada con la legitimidad. En este caso pienso que, como con todo lo que les sucede a las sociedades, se trata de situar los conceptos en sus respectivos contextos. No tiene la misma autoridad un sacerdote del siglo XXI que del XIII.
La autoridad vaciada de legitimidad
En este sentido Hannah Arendt reflexiona sobre cómo se entendía la autoridad en la antigua Roma. Su interés, sin idealizar el pasado, se centra en hacer una reflexión sobre aquello que convertía a alguien en una autoridad y, a mi entender, dar cierto sentido a esas figuras autoritarias. Es decir, entendiendo la obediencia como algo que no es ciego e incuestionable. Si comparamos ese pasado con las autoridades actuales nos encontramos con un vaciado de legitimidad. Parece que todo se resume en la palabra poder. Así, sin nada añadido a esta. La autoridad se vuelve así en un concepto vacío de significado y reproducidos por una obediencia, ahora sí, ciega.
«La autoridad se vuelve así en un concepto vacío de significado y reproducidos por una obediencia, ahora sí, ciega.»
Las palabras, usadas «adecuadamente», son la herramienta infalible para convencer sobre esa legitimidad de la que hablamos, pero me da la sensación de que cada vez, éstas, están más llenas de emoción que de ideales o significado. A consecuencia de esto, también hay menos interés en el para qué existe esa autoridad y, obviamente, en cuestionar lo que esta nos da. Así pues, parece que la autoridad solo existe para perpetuarse a sí misma, para mantener el status quo de aquellos que la regentan. Aun así, la legitimidad sigue siendo necesaria, o dicho de otra manera, aún se necesita de esa sociedad obediente que le da ese lugar.
La burocracia como barrera impersonal
Respecto a esto me pareció muy acertada la mirada del filósofo Hermán Hugo Hidalgo Zúñiga (2013), quien habla de la burocracia, a mi entender, como esa barrera entre la autoridad y la obediencia, volviendo, de esta manera, impersonal la jerarquización -y la violencia de esta- de las diferentes clases sociales. Si todo tiene que pasar por un papel ya no hace falta que pase por una mente reflexiva, es así y ya.
Zúñiga describe la burocracia como una herramienta que transforma al ciudadano en un funcionario cuya principal función consiste en cumplir procedimientos y órdenes previamente establecidos. En este sentido, la burocracia puede favorecer aquello que Arendt denominó la banalidad del mal, al diluir la responsabilidad individual entre normas, protocolos y cadenas jerárquicas. La Ley de Extranjería constituye un ejemplo de ello: decisiones que condicionan aspectos tan fundamentales como el derecho a residir, trabajar o reunirse con la familia terminan presentándose como la simple aplicación de un procedimiento administrativo. La responsabilidad parece recaer en el expediente o en la normativa y no en quienes las diseñan o las ejecutan. Del mismo modo, en debates legislativos como los relacionados con los derechos de las personas trans, observamos cómo es la autoridad institucional la que determina, mediante procedimientos burocráticos y legales, el reconocimiento o la limitación de determinados derechos, convirtiendo cuestiones profundamente humanas en trámites administrativos.
«La responsabilidad parece recaer en el expediente o en la normativa y no en quienes las diseñan o las ejecutan.»
Las consecuencias humanas olvidadas
Entre tanto papeleo, corremos el riesgo de olvidar las consecuencias humanas de las leyes y de las normas sociales; olvidamos que detrás de cada procedimiento existen personas concretas cuyas vidas pueden verse profundamente afectadas. Esta pérdida de reflexión crítica no responde únicamente a una falta de interés, sino que también puede verse reforzada por un modelo social acelerado, característico del capitalismo contemporáneo, que privilegia la productividad y la inmediatez por encima del tiempo necesario para pensar, cuestionar y asumir responsabilidades.
Otras formas de autoridad posibles
Esto, además, nos invita a pensar que quizá no obedecemos únicamente por miedo o presión, sino porque tendemos a reproducir aquello que hemos aprendido a considerar legítimo, correcto o incuestionable. Pero, si estamos condenados a reproducir aquello que legitimamos, ¿por qué no mirar también hacia las conquistas que la propia ciudadanía organizada ha sido capaz de impulsar? Es decir, cambiar el foco de «admiración». La cooperación entre quienes conformamos la sociedad también tiene la capacidad de construir otras formas de autoridad, sustentadas en valores que persiguen el bien común y no únicamente la conservación del poder.
«La cooperación entre quienes conformamos la sociedad también tiene la capacidad de construir otras formas de autoridad, sustentadas en valores que persiguen el bien común.»
El ejemplo de la autogestión: Barcelona, la ciudadanía y la Guerra Civil
Esta idea me lleva a preguntarme qué entendemos realmente por las autoridades que sostienen el llamado Estado del bienestar. Durante la Guerra Civil, Barcelona ofrece un ejemplo revelador. Ante unas instituciones desbordadas por la magnitud del conflicto, fueron también los sindicatos, las asociaciones vecinales y la propia ciudadanía quienes organizaron comedores populares, redes de abastecimiento y formas de apoyo mutuo que permitieron sostener la vida cotidiana. Incluso numerosos refugios antiaéreos fueron construidos gracias al trabajo colectivo de los vecinos, poniendo de manifiesto que, cuando la autoridad institucional no alcanza a responder a todas las necesidades, la comunidad puede convertirse en un agente político capaz de generar sus propias formas de organización y cuidado. Siguiendo este hilo, cabe plantearnos la manera en que se relaciona la población y las autoridades. Si la relación es más horizontal es más posible entender, y en consecuencia dar respuesta, los conflictos estructurales que sufre la población.
Derechos conquistados desde las bases
Esta capacidad de organización colectiva no pertenece únicamente al pasado. Muchos de los derechos que hoy consideramos irrenunciables no surgieron exclusivamente de la voluntad de las instituciones, sino también de décadas de movilización social. La objeción de conciencia y el movimiento de insumisión fueron determinantes para poner fin al servicio militar obligatorio. De forma similar, las luchas por el derecho a la vivienda, los movimientos feministas o las organizaciones de personas migrantes han demostrado que la autoridad también puede ser interpelada desde abajo.
La lucha por los derechos de la población migrada
Un ejemplo especialmente significativo es la lucha por la regularización extraordinaria de personas migrantes. Mientras la burocracia convierte el acceso a derechos básicos en un recorrido lleno de obstáculos, han sido las propias asociaciones, colectivos y redes de apoyo quienes han acompañado a miles de personas en procesos administrativos de enorme complejidad. En este caso, la autoridad institucional no desaparece, pero sí queda en evidencia que su legitimidad depende, en buena medida, de una ciudadanía que no solo obedece, sino que también se organiza, cuestiona y propone alternativas.
«Su legitimidad depende, en buena medida, de una ciudadanía que no solo obedece, sino que también se organiza, cuestiona y propone alternativas.»
Cuestionar la autoridad, sostener la legitimidad
En definitiva, el problema no parece residir en la existencia de la autoridad en sí misma, sino en nuestra capacidad —o incapacidad— para cuestionarla cuando deja de sustentarse en la legitimidad y pasa a sostenerse únicamente sobre la obediencia. Como advirtió Arendt, el verdadero peligro no es solo la existencia de quienes ejercen el poder, sino también la renuncia de los ciudadanos a su agencia.